Pese a los avances que se van dado en este terreno, como no podía ser de otro modo España llega tarde y suspende en eficiencia energética. Y es que la inclusión de auditorías, certificados blancos y la instalación de contadores individuales en las calefacciones centrales están aún pendientes de aprobación, razón por la cual Bruselas ha abierto un expediente sancionador. Lo mismo ocurrió el año pasado, pero por la ineficiencia en los edificios.

Además, las cuotas obligatorias que deben aportar unas 200 empresas eléctricas, de gas y petróleo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética han provocado un rechazo frontal del sector. Sobre todo porque, a falta de certificados, no pueden demostrar el ahorro. Y es que hay muchas grandes empresas como BP o Gas Natural Fenosa que han recurrido por separado la norma ante el Tribunal Supremo. El fondo, que impone a las empresas entre 2014 y 2020 un pago igual al 1’5 por ciento de sus ventas anuales para lograr la meta de ahorro de 15’9 millones de toneladas equivalentes de petróleo, ha gestionado hasta marzo 414 millones desde su nacimiento en julio de 2012.

La mayor parte de las ayudas han sido destinadas a la rehabilitación de edificios y renovación del alumbrado municipal, superando el presupuesto en los dos primeros casos por la gran demanda informa el IDAE, responsable del programa y la distribución anual de los recursos. El sector transporte, ferroviario y desoladoras completan las áreas de actuación, con 79 solicitudes. De hecho, España había superado en 2014 por tres puntos el objetivo del 20 por ciento marcado para 2020, aunque debido a que un año antes redujo un 5’5 por ciento su intensidad energética frente a 2012 por la crisis, según el último Informe de sostenibilidad de BP y la Universidad Pontificia Comillas.

El sistema creado en España para impulsar el ahorro no termina de gustar a los agentes del sector por varias razones. Primero, por su regulación en una ley escoba, aprobado en última instancia a través de un real decreto de medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y eficiencia. Y, segundo, por el mecanismo de contribución. Y es que la asignación de fondos la decide la Administración, con criterios que tienen una cierta dosis de arbitrariedad, en lugar de que lo haga el mercado. Los certificados blancos, establecidos con éxito en Reino Unido, Francia e Italia, fijan objetivos de ahorro según el tamaño de la compañía y dejan en sus manos las fórmulas para conseguirlo. Además, si un comercializador supera su propósito, puede vender ese exceso de eficiencia a otro operador que no lo haya alcanzado.